La información reservada: Su valor probatorio

Art. 39.5 L.O. 12/2007: "Con anterioridad al acuerdo de inicio, la Autoridad disciplinaria podrá ordenar la práctica de una información reservada para el esclarecimiento de los hechos, la determinación de sus presuntos responsables y la procedencia de iniciar o no el procedimiento sancionador."

En el Derecho español, tanto la doctrina como la jurisprudencia vienen declarando que las sanciones e ilícitos administrativos tienen naturaleza penal (RODRIGUEZ MOURULLO) debido fundamentalmente a la quiebra que a la doctrina de la división de poderes supone el hecho de que la Administración ostente un poder sancionador (STS de 2 de noviembre de 1981).

Consecuencia necesaria de lo anterior es la aplicación al procedimiento administrativo sancionador de las garantías que rigen el proceso penal, y así lo consideran, entre muchas otras, la STC núm. 18/1981, de 8 de junio; la núm. 77/1983, de 3 de octubre; e incluso tribunales internacionales como es el caso de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Caso Ozturk contra el Estado alemán, de 21 de febrero de 1984.

Teniendo presentes las consideraciones precedentes, los principios de defensa y contradicción derivan de una práctica ajustada a la legalidad del derecho de prueba, entendiéndose este vulnerado cuando dicha actividad probatoria se produce sin observancia de los principios de oralidad, inmediación y contradicción, y así lo entiende el Tribunal Supremo en Sentencias de 26 de junio de 1990 o de 4 de febrero de 1993 entre otras.

La naturaleza jurídica de la información previa (art. 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) o información reservada (art. 28 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado y 39.5 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil) se configura como una actividad interna o estudio previo a la incoación de un expediente disciplinario, sin que puedan confundirse estas dos figuras, ya que la primera de ellas está destinada al conocimiento de las circunstancias que rodean un caso concreto y la conveniencia, o no, de iniciar un procedimiento disciplinario (STS de 8 de julio de 1983 o STSJ de Castilla y León, de 24 de febrero de 2012).

Concretamente, en relación a un procedimiento relacionado con la Guardia Civil, la STS de 10 de febrero de 2016 nos aporta una definición bastante completa del concepto de información reservada, que es la siguiente:

“Se trata de un procedimiento destinado al esclarecimiento de los hechos que pudieran alcanzar relevancia disciplinaria y la determinación en su caso de los posibles responsables, que no reviste carácter de procedimiento sancionador ni se dirige contra persona alguna, ni sustituye al expediente que debe instruir para deducir aquellas responsabilidades, por lo que también hemos dicho reiteradamente que la expresada información reservada no está sometida al régimen de garantías que deben observarse en el seguimiento de un expediente de aquella naturaleza.”

Centrando nuestra atención en el derecho a una actividad probatoria ajustada a derecho consideramos que la prueba practicada en el seno de una información reservada, en cuanto a que se configura como una actividad que no se encuentra revestida de las garantías del procedimiento disciplinario, no podrá ser tenida en cuenta en el expediente que de ella se derive, a no ser que dicha prueba sea practicada de nuevo o ratificada en el seno del procedimiento disciplinario, ya revestida de los principios de inmediatez y contradicción que se consideran imprescindibles en un proceso justo con todas las garantías, tal y como establece el art. 24 de la Constitución.

Como no podía ser de otro modo, la jurisprudencia se ha pronunciado en este sentido en innumerables ocasiones, por destacar alguna de ellas:

  • Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de julio de 2004: “Del examen de dichos preceptos se desprende con toda claridad que las declaraciones tienen que llevarse a cabo o ratificarse ante el instructor del expediente para que puedan otorgárseles validez a efectos probatorios en el ámbito sancionador en el que nos hallamos.”

 

  • Sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de mayo de 2011: “Terminada la información reservada, en la que puede no darse intervención alguna al investigado, cabe que la autoridad que ostente la competencia acuerde la incoación del expediente, sin que forme parte del mismo aquella información, y que por tanto no puede servir de fundamento para la sanción, de modo que su contenido carece de interés salvo que se reproduzca en el expediente sancionador.”

 

  • STS de 16 de diciembre de 2015: “(…) lo que se pretendía era sustentar los hechos que se declaran probados en dichas declaraciones de testigos directos recibidas en el seno de la información reservada, la práctica de tal prueba o su ratificación, para así dotarla de la necesaria validez como prueba de cargo incriminatoria, susceptible de enervar el derecho a la presunción de inocencia, hubiera debido realizarse en el seno del expediente disciplinario, ante su instructor y sometida a los principios de inmediación y contradicción que impone la Ley.

Tras la exposición que antecede queda claro que las pruebas practicadas en el trámite de información reservada no serán trasladables, y por tanto, carecerán de valor probatorio en el expediente disciplinario si no se ratifican o practican nuevamente ante el Instructor.

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