Un guardia civil también tiene juez de lo Social.
La Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León corrige a un tribunal de instancia que había cerrado la puerta a un guardia civil: la prevención de riesgos laborales no distingue uniformes, y la ley lo decía desde 2011.
Primero le dijeron que su juez no era ese. Ocho meses después, tres magistrados han explicado, fundamento a fundamento, por qué sí lo es. Lo que sigue es una lectura de esa sentencia con sus propias palabras.
La noticia tiene un enfoque jurídico muy interesante: una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que reconoce la competencia de la jurisdicción social para conocer una reclamación de un guardia civil en materia de prevención de riesgos laborales.
El auto que cerró la puerta.
Un guardia civil presentó una demanda ante la Sección de lo Social de un tribunal de instancia. No pedía nada exótico: que se declarase que la Administración había incumplido sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, que cesara esa actuación y que se le indemnizara por la lesión de derechos fundamentales que, según sostenía, ese incumplimiento le había causado.
La propia Sala resume así el objeto del pleito (FD 1.º):
«En ella se reclamaba la declaración de que la actuación de la demandada constituye incumplimiento de la normativa de riesgos laborales y solicita condena al abono de cantidad por la vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas además del cese a la actuación».
La demanda no llegó a admitirse. Antes de entrar en ella, el tribunal oyó a las partes y al Ministerio Fiscal y dictó un auto declarando su falta de jurisdicción.
Remitía al demandante, «en función de la naturaleza de las acciones que ejercite», a la jurisdicción militar o a la contencioso-administrativa (antecedente de hecho 3.º).
Un segundo auto confirmó el primero. El mensaje era nítido: lo suyo no se discute aquí.
Y ahí estaba el problema. La pregunta no era todavía si el guardia civil tenía razón. Era, antes que eso, si algún juez iba a escucharle.
Tres frentes antes de llegar al fondo de la cuestión.
La defensa de este asunto no empezó en la Sala de Burgos.
Empezó antes de la admisión, cuando el tribunal de instancia dio traslado a las partes para que alegaran sobre su propia jurisdicción. Sostuvimos entonces lo que la Sala ha acabado declarando: que la prevención de riesgos laborales de un guardia civil es materia del orden social por mandato del artículo 2.e) de la LRJS, y lo apoyamos en la doctrina de la Sala Cuarta y de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo. No bastó. Vino el auto de inadmisión; lo recurrimos en reposición; un segundo auto lo confirmó.
El segundo frente fue el acceso al propio recurso. Anunciada la suplicación, una diligencia de ordenación la tuvo por no anunciada con el argumento de que el auto era firme.
No lo era.
Hubo que impugnar esa diligencia, con la doctrina constitucional sobre el derecho de acceso a los recursos, para que un decreto la dejara sin efecto y abriera el plazo de diez días para formalizar. Antes de discutir quién era el juez, hubo que ganar el derecho a que alguien leyera la pregunta.
El tercero fue el recurso mismo.
Se construyó sobre un único motivo de censura jurídica, al amparo del artículo 193.c) de la LRJS, porque el problema no era de hechos sino de Derecho.
La Sala resume así lo que se denunció (FD 1.º): «infracción del arts 2 apartados e y f en relación con el 26 y 177 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, de los arts 14 y 15 de la Ley 31/1995 de Riesgos Laborales y RD 179/2005 sobre prevención de RRLL en la Guardia Civil, el art. 31 de la LO 11/2007 y el 24. 1 de la CE, el 4 del EBEP, el 2 apdos. 2 y 3.1 de la ley 29/2014 y los arts. 6, 13.2 y concordantes del cap. III de la LO 2/1986 de FFy CC de seguridad y de la doctrina legal contenida en Sentencias de la Sala de lo Social, de lo Contencioso Administrativo y de Conflictos de TS que en el recurso se citan, así como jurisprudencia del TC».
Dicho en una frase: el recurso no pedía a la Sala que creara doctrina, sino que aplicara la que ya existía. El Ministerio Fiscal se adhirió. La Abogacía del Estado lo impugnó, aunque, como se verá, concediendo lo esencial.
La regla que ya estaba escrita.
El artículo 2.e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social deja poco margen. Atribuye a los órganos de lo Social las cuestiones que se promuevan para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y añade algo que se lee menos: también conocen de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en esa materia «respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral», que actúan «en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena».
Y la norma incluye de forma expresa la reclamación de responsabilidad por los daños sufridos a consecuencia del incumplimiento preventivo.
Todos. Los funcionarios también están incluidos.
El legislador de 2011 quiso concentrar en un solo orden jurisdiccional la seguridad y la salud en el trabajo, fuera quien fuese el empleador.
La Guardia Civil tiene además su propia norma en la materia, el Real Decreto 179/2005. El uniforme no es una excepción al sistema preventivo; es un capítulo de él.
La Sala lo dice sin rodeos y con una mayúscula que no es casual (FD 1.º):
«Estimar que concurría falta de jurisdicción a conocer de las acciones formuladas remitiendo a la jurisdicción Contencioso Administrativa o a la Militar constituye infracción legal y desconocimiento de dicho precepto de la LRJS por cuanto la acción derivada de daños es acumulable a la de impugnación de actuación de Administraciones Públicas en materia de prevención de Riesgos Laborales respecto de TODOS sus empleados sean funcionarios, estatutarios o laborales».
El auto recurrido no discutió esa norma. Sencillamente no la aplicó.
Un reconocimiento a medias.
Lo más revelador del recurso está en la impugnación. La Abogacía del Estado admitió que, en materia de prevención de riesgos, la jurisdicción competente es la Social. Pedía, aun así, que se desestimara el recurso: lo demás, la tutela del derecho fundamental y la indemnización, no sería asunto de ese orden.
Es un argumento que suena razonable y se desmonta leyendo la frase siguiente del precepto. Así lo hace la Sala (FD 1.º):
«[…] es el propio Abogado del Estado el que en su escrito de impugnación reconoce que en materia de prevención de riesgos la Jurisdicción competente es la Social pretendiendo se desestime el recurso porque el resto de lo reclamado no lo es, ahora bien volviendo a la lectura del artículo citado en el mismo se recoge -con toda claridad- que se incluye “la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales”».
No había nada que separar. Lo que la ley une, un auto de inadmisión no puede repartirlo entre tres jurisdicciones.
Derechos fundamentales y daños: por qué pueden ir juntos
Quedaba una objeción más fina. El demandante había elegido la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales, la de los artículos 177 y siguientes de la ley procesal. ¿Cabe en ese cauce, preferente y sumario, una pretensión que nace de la prevención de riesgos?
La Sala responde desde el artículo 53.2 de la Constitución y explica la opción que la ley abre a quien cree lesionado un derecho fundamental (FD 1.º):
«[…] lo que se ofrece al ciudadano que cree que se han vulnerado sus derechos fundamentales es una opción entre reclamar su tutela por un procedimiento ad hoc, sumario y preferente, pero de cognición limitada a la materia constitucional, en el cual la pretensión no puede ser estimada en base a la aplicación de la legalidad ordinaria, y un procedimiento ordinario, sin tal preferencia ni sumariedad, pero donde puede plantear las bases jurídicas de su pretensión plenamente, tanto las de orden constitucional como las de legalidad ordinaria. Y esta misma solución es la que se ofrece en materia de prevención de riesgos».
El artículo 184 de la ley procesal solo obliga a unificar ambas cuestiones cuando la modalidad especial prevista ya es preferente y sumaria.
El proceso de impugnación en materia preventiva no lo es, y de ahí la conclusión (FD 1.º): «Dado que el procedimiento en impugnación de la normativa de prevención de riesgos laborales no tiene tales características debe concederse al ciudadano la opción entre la acumulación de la materia constitucional en ese procedimiento carente de tal preferencia y sumariedad o acudir para la tutela del derecho fundamental al procedimiento especial que sí tiene tales caracteres».
El ciudadano conserva la opción, y el artículo 26 le permite acumular la pretensión de daños.
El razonamiento desemboca en una palabra poco habitual en una resolución judicial. Si la indemnización del artículo 183 puede reclamarse en el proceso de tutela, ese proceso ha de ser competencia del orden social también cuando la lesión nace de un incumplimiento preventivo (FD 1.º):
«Si esa pretensión se puede instrumentar legalmente a través del procedimiento especial de tutela es obvio que la misma ha de ser competencia del orden jurisdiccional social, puesto que en otro caso dicha regulación sería absurda y quedaría vacía de contenido».
Las leyes se interpretan para que signifiquen algo.
Esto no es responsabilidad patrimonial.
Había una última salida: sostener que reclamar una cantidad a la Administración es responsabilidad patrimonial y que eso pertenece a lo contencioso-administrativo por el artículo 2.3 de la Ley 29/1998. La Sala la cierra con una distinción que conviene retener (FD 1.º):
«[…] aquí no estamos ante un problema de responsabilidad patrimonial, sino de control de la legalidad de unos determinados actos administrativos (que en la demanda se califica de incumplimientos de la normativa de prevención de RRLL) atribuida a este Orden Jurisdiccional Social. Si es el propio acto administrativo de incumplimiento el que resulta vulnerador de un derecho fundamental, entonces dentro de las pretensiones que se pueden esgrimir al impugnar esa actuación, está la de la completa restauración del derecho fundamental vulnerado por el propio acto, lo que en su caso podrá incluir una reparación económica cuando no sea posible la restitutio in integrum del derecho».
Y la propia Sala marca dónde acaba su competencia (FD 1.º):
«Cuestión distinta sería que la indemnización fuera referida a un daño producido en la tramitación del procedimiento administrativo por un retraso o cualesquiera otras causas y no al acto administrativo en sí mismo (objeto de la competencia del Orden Social), porque entonces ese daño derivado del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos sí que quedaría bajo el ámbito competencia contencioso-administrativo».
No se juzga el funcionamiento de un servicio público. Se controla la legalidad de unos actos concretos y se repara lo que esos actos lesionaron. Ese es el perfil de la competencia social, y el de este asunto encaja en él.
La competencia no se decide adivinando el fondo.
El auto de instancia había partido de que no concurría incumplimiento y de que, por eso, el asunto no era suyo. La Sala invierte el orden y, de paso, recuerda que nada de esto era nuevo (FD 2.º):
«La cuestión está resuelta en tal sentido entre otras por las Sentencias de la Sala de lo Social del TS que en el recurso se citan y que han sido inaplicadas por la resolución recurrida sin otra justificación que desconocer lo establecido en el artículo 2.e) de la LRJS […]. La determinación de si concurre o no incumplimiento como se razona en la Sentencia del TS que se cita en el Auto de 12 de febrero de 2026 se ha de hacer en el procedimiento ante la Jurisdicción Social y no partir de que como no concurre no es de su competencia pues si concurre o no es cuestión que pertenece al fondo y el artículo 2 e) de la LRJS atribuye su conocimiento a la esta [sic] Jurisdicción de lo Social».
Es una idea simple y, a la vez, una garantía. Un juez no puede declinar su jurisdicción porque intuya que la demanda no prosperará. Primero se determina quién debe juzgar. Después se juzga. Invertir ese orden equivale a decidir el pleito sin tramitarlo.
Y tampoco cabe trocear lo que el demandante unió (FD 1.º): «habiendo optado por tal no se puede entender que se hayan de separar las acciones y atribuirlas a otros órdenes jurisdiccionales omitiendo la resolución porqué [sic] se excluye la de prevención de riesgos laborales en ese reparto, que es claramente competencia de la Jurisdicción Social».
Lo que queda por delante.
El fallo estima el recurso, con la adhesión del Ministerio Fiscal, revoca los autos y declara «que el conocimiento de la acción formulada corresponde a este Orden de lo Social. Sin costas».
Los autos vuelven al tribunal de origen, que ahora tendrá que hacer lo que debió hacer en febrero: tramitar la demanda y resolverla.
Conviene decirlo con la misma precisión que se exige a los demás.
La sentencia no es firme: cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, a preparar en los diez días siguientes a la notificación.
Y la Sala no inventa nada; ella misma subraya que aplica doctrina del Tribunal Supremo que la instancia había dejado de lado. Su mérito es otro: devolver a un guardia civil al juez que la ley le asignó hace quince años y explicar, paso a paso, por qué la seguridad y la salud de quien viste uniforme no son una materia aparte.
La prevención de riesgos laborales no es un privilegio de los trabajadores por cuenta ajena. Es una obligación de todo empleador, también del Estado, y tiene un juez. Esta semana un tribunal ha recordado cuál.
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Normativa y jurisprudencia referenciada
Jurisprudencia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN (Sala de lo Social, Burgos). Sentencia de 22 de octubre de 2026, dictada en recurso de suplicación frente a autos de falta de jurisdicción en proceso de tutela de derechos fundamentales. No firme a la fecha de este artículo; se omiten deliberadamente el número de sentencia y de recurso mientras no gane firmeza y se publique en CENDOJ con su ECLI. Las citas literales se toman del texto notificado el 23 de octubre de 2026; se indica entre paréntesis el fundamento de Derecho (FD) o el antecedente de hecho del que proceden.
Normativa
ESPAÑA. Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978. Boletín Oficial del Estado [en línea], 29 de diciembre de 1978, n.º 311. ELI: https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con. [Consulta: 24 octubre 2026].
ESPAÑA. Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Boletín Oficial del Estado [en línea], 23 de octubre de 2007, n.º 254. ELI: https://www.boe.es/eli/es/lo/2007/10/22/11/con. [Consulta: 24 octubre 2026].
ESPAÑA. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Boletín Oficial del Estado [en línea], 11 de octubre de 2011, n.º 245. ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/2011/10/10/36/con. [Consulta: 24 octubre 2026].
ESPAÑA. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Boletín Oficial del Estado [en línea], 14 de julio de 1998, n.º 167. ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/1998/07/13/29/con. [Consulta: 24 octubre 2026].
ESPAÑA. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Boletín Oficial del Estado [en línea], 10 de noviembre de 1995, n.º 269. ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con. [Consulta: 24 octubre 2026].
ESPAÑA. Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. Boletín Oficial del Estado [en línea], 26 de febrero de 2005, n.º 49. ELI: https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/02/18/179/con. [Consulta: 24 octubre 2026].
